El Puerto de Buenos Aires siempre gozo de «libertad contractual y comercial» cuales fueron los resultados y consecuencia lo analizamos en la Editorial por Lic. Beltza Peggy
Durante años, el Poder Ejecutivo ha optado por no escuchar, no por falta de ruido o advertencias, sino por una carencia de conciencia a la hora de tomar decisiones firmes. En nuestras editoriales del 2 de enero de 2025, tituladas «Terminales Portuarias Argentinas: las más caras del mundo” y «La disolución de AGP», advertimos sobre las consecuencias de no visibilizar una situación que los Despachantes de Aduana venimos denunciando con más fuerza desde 2014 donde el servicio decayo sin presedentes, bajo el gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
Al finalizar su mandato en diciembre de 2015 y asumir el Ing. Mauricio Macri, se esperaba que esta problemática, vinculada a las concesiones e intervenciones de las terminales portuarias, fuera finalmente abordada. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales del Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA) por canalizar estos reclamos ante AGP y las nuevas autoridades, la situación quedó sin resolver al cierre del gobierno de Cambiemos.
Con la asunción del Dr. Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, el tema fue prácticamente archivado. A pesar de que los reclamos del CDA se volvieron más insistentes, los problemas no solo persistieron, sino que se agravaron. La TERMINAL 4 S.A. eliminó la atención personalizada al cliente, incumpliendo con normas básicas como la ISO 9001, y afectando gravemente los procesos de estiba, desestiba, carga y descarga de mercancías. Las grúas y maquinaria se averiaban con frecuencia, las instalaciones se deterioraban, y los turnos se limitaban al mínimo, a pesar de que la TERMINAL 4 S.A. concentraba el 60,6% del tráfico portuario argentino en 2024, lo que representó, según cifras oficiales, unas 33.400 TEUs.
Cabe recordar que esta concesión fue otorgada originalmente durante el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem mediante el Decreto N.º 2123/1994, que habilitó la explotación de servicios portuarios a favor de TERMINAL 4 S.A., adjudicada al grupo económico MAERSK Argentina Holdings S.A. y MAERSK South America Ltd.
En 2005, durante el gobierno del Dr. Néstor Kirchner, se renegoció el contrato mediante audiencias públicas, a través de la Resolución Conjunta 19/2005, que intentó organizar el cúmulo de decretos y resoluciones que hasta entonces funcionaban como parches normativos.
Hoy, bajo una nueva expresión política encabezada por el Dr. Javier Milei, asistimos a un hecho inédito en el comercio exterior argentino: la intervención de la TERMINAL 4 S.A., que permaneció cerrada durante varios días. Este cierre provocó innumerables sobrecostos, cuya traslación a los usuarios fue expresamente desautorizada por la Aduana. La reapertura provisoria, concretada el 28 de junio de 2025, se habría logrado tras múltiples presiones de organismos internacionales y navieras que ya tenían planificados sus ingresos a esos muelles, dentro de diagramas logísticos que no admiten improvisación.
A raíz de este episodio, la Dirección General de Aduanas (DGA) solicitó informes técnicos y documentales a las otras dos terminales operativas en el puerto de Buenos Aires: TRP – Terminal Río de la Plata S.A. y Exolgan S.A., las cuales también acumulan reclamos no resueltos por parte de los usuarios.
Este conflicto atraviesa gobiernos, ideologías y signos políticos. Es un problema crónico, irresuelto durante décadas, que representa un costo directo para los productos importados, las materias primas y los bienes que abastecen el mercado local. Además, afecta la competitividad de nuestras exportaciones, condicionadas por costos logísticos exorbitantes.
Un ejemplo ilustrativo: mientras que en Uruguay movilizar un contenedor de 40 pies cuesta USD 550, en Argentina ese mismo movimiento asciende a USD 2.300. Esta asimetría evidencia que la supuesta “libertad comercial” otorgada a las terminales, sin regulación ni control del Estado, ha sido perjudicial para la economía nacional.
El presente nos llama a reflexionar: en materia de licitaciones y concesiones públicas, el Estado no puede estar ausente. Debe asumir un rol activo, ejerciendo el poder de control e intervención cuando corresponda. Solo así se podrán corregir las distorsiones que afectan directamente a nuestra economía y al bienestar de todos los argentinos.