Editorial: Por Lic Beltza Peggy
El Usuario en el Centro del Conflicto
El puerto argentino, alguna vez considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país, se ha convertido en un ejemplo claro de cómo la falta de compromiso y resolución de los problemas estructurales está afectando directamente a los usuarios. Los operadores logísticos y los consumidores, quienes dependen de la eficiencia de las terminales portuarias, hoy son las principales víctimas de la ineficiencia y los sobrecostos causados por concesionarios y el Estado representado por la Agencia General de Puertos (AGP) creada en 1956 bajo el Decreto -Ley 4263 del mismo año.
En 1992 con la iniciativa de aplicar una modernización y privatización al AGP como la conocemos los operadores de Comercio Exterior fue refrendada bajo la Ley Nacional de Puertos Nro 24093 siempre con pleno control y autonomia del Poder Ejecutivo en forma directa del 1er mandatario de turno. Un nicho del estado nacional que se gestiona en lo que llamamos tecnicamente Zona Aduanera Primaria, donde las tarifas son dolarizadas con una autonomia de la empresa concesionaria de turno que nunca fue clara hacia los operadores y menos transparente llena de conceptos grises nunca justificados hacia los operadores y clientes.
Los contratos entre el Estado y las empresas concesionarias han pasado por extensiones, modificaciones, y renegociaciones, pero siempre dejando de lado al eslabón más importante: el cliente final. Las terminales administradas por grandes multinacionales, como TRP y APM Terminals, han reducido significativamente su atención al cliente, fallando en proporcionar un servicio ágil, eficiente y transparente. A pesar de contar con certificaciones ISO 9001 que deberían asegurar estándares de calidad en el servicio, la realidad es otra: el incumplimiento constante y la falta de mejoras en infraestructura afectan a quienes usan estos puertos diariamente. Las Terminales Portuarias a lo largo y ancho del pais pero con acentado predominio en la dos empresas concecionarias actuales en el puerto de Buenos Aires, violentan a diario las Normas ISO 9001 Articulos 5.1.2; 8.2.1 y 9.1.2 las que detallan con claridad las NO CONFORMIDADES de la aplicación a la Norma de Calidad ISO 9001. Esto se ha reclamado al organo de Contralor AGP sin emitir una acción en los 60 años de ejercicio de parte del estado y en el camino el USUARIO DIRECTO sigue siendo atropellado sin poder obtener una defensa de consumidor por las dilataciones constantes de la entidad.
La Responsabilidad del Estado: Un Problema Sistémico
La intervención del Estado Argentino, a través de la Administración General de Puertos (AGP), ha sido insuficiente para garantizar una mejora en las condiciones de servicio en las terminales. Las empresas Terminales Río de la Plata (TRP), administrada por DP World, y APM Terminals, parte del grupo Maersk, han operado bajo contratos extendidos hasta 2027 sin que el Estado haya tomado las medidas necesarias para evitar la reducción de servicios al cliente.
El conflicto entre concesionarios y el Estado no debe trasladarse al usuario y consumidor ya que las demoras y la falta de regulación han incrementado los costos de importación y exportación entre un 17% y un 38%, un golpe directo a la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.
Consecuencias del Descuido
Una terminal portuaria no es solo un punto de entrada y salida de mercancías; es un nodo crítico en la cadena de suministro que impacta en todos los sectores de la economía. Cuando se pierde de vista la importancia de mantener un servicio al cliente eficiente y personalizado, se generan conflictos que afectan tanto al comercio local como internacional. Los operadores logísticos se ven forzados a lidiar con demoras, falta de transparencia en los procesos y costos que se disparan sin justificación. Esto ha convertido a las terminales argentinas en las más costosas del mundo para operar.
Por otro lado, la falta de cumplimiento con normas internacionales, como ISO 9001 y 14000, no solo afecta a la reputación de las concesionarias, sino que también impacta en la competitividad del país. Estas certificaciones no son un mero trámite burocrático; representan un compromiso con la eficiencia y la satisfacción del cliente. Al no cumplir con estos estándares, las terminales no solo ponen en riesgo su certificación, sino que dejan de ser una opción confiable para empresas extranjeras que buscan puertos eficientes.
El Papel del Estado: Un Complicado Silencio de años
El Estado argentino, a través de la Administración General de Puertos, ha sido, en gran medida, espectador de este declive. Concesiones que se extienden sin un análisis profundo de las necesidades del puerto, sin un plan de infraestructura adecuado y sin asegurar la mejora en la atención al cliente, han convertido al sistema portuario en un cuello de botella que frena el desarrollo comercial del país.
No obstante, esta situación no es nueva. Durante años, las decisiones políticas han postergado la solución al problema portuario, extendiendo concesiones y contratos sin hacer los cambios estructurales necesarios. El consumidor y los usuarios no deben ser quienes paguen los platos rotos de estas decisiones.
La situación en las terminales portuarias de Argentina es insostenible, pero no irreversible. Es urgente que se realicen auditorías independientes que evalúen el cumplimiento de las certificaciones de calidad, y que el Estado asuma su responsabilidad como garante de un servicio eficiente y accesible para todos los actores de la cadena logística. No se puede permitir que los conflictos entre concesionarios y el Estado sigan afectando a los usuarios finales, quienes ya sufren las consecuencias de los costos desmedidos, 1,5 millones de TEUs por año pasan por Buenos Aires de forma directa e indirecta; representando el 62% de las operaciones de Argentina.
Es momento de priorizar al usuario y consumidor, y dejar de lado las excusas contractuales para poner en marcha un verdadero plan de mejora que permita al puerto argentino recuperar su competitividad y eficiencia.
Los importadores buscan alternativas competitivas y con mejores servicios que los saque del conflicto y la inoperancia de las Terminales de Buenos Aires, cada vez más solicitan y acuden al Puerto de Montevideo, Zarate o Ingresos por el Interior debido a que los altos costos les mueve considerablemente los costos, poniendo en peligro la inviabilidad económica para sostener el puerto de Buenos Aires, en la actualidad se trata con desprecio los reclamos de las PyMES pero en un futuro inmediato la carga se convertirá en golondrina donde los vecinos apuestan a las debilidades del conflicto brindándole un 50% menos las tarifas donde no se depende de un turno para liberar carga, todo lo contrario llega el buque y en 48 horas la carga debe estar fuera del sector de mulle a lo que los uruguayos interpretan mercadería fuera de la zona primaria aduanera.
La Noticia: El Estado Nacional tomo cartas en el asunto
El 30 de diciembre se pública en el BO Dec 953/2024 donde el Ministerio de Economía a cargo del Ministro Luis Caputo se dispone a disolver y liquidación de la Administración General de Puertos (AGP) , entidad responsable de la administración del Puerto de Buenos Aires y de la hidrobia del río Paraná y crea la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AnPyN) como un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de optimizar la gestión del sistema portuario y de las vías navegables del país.
Si bien los motivos manifestados por el gobierno son registró de un déficit 10 millones de dólares en 2022, donde según constan en auditorias que se estimó que este superaría los 45 millones en 2023 hay que cavar rio profundo para determinar las perdidas sin dejar de lado el servicio afecten al usuario final representado por la Industria Argentina; los puertos argentinos no solo son caros para las exportaciones y las importaciones son ineficientes a la hora de operar con escasa infraestructura que afectan a la económica en forma directa.
Es lamentable que la decisión haya llegado por las pérdidas económicas reflejadas en las auditoria y no se ha escuchado los largos reclamos presentados por el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) que incansablemente han realizado presentaciones, reuniones con las autoridades y solo se escucharos promesas inconclusas.
Esperamos cambios concretos y reales a cargo de AnPyN (Agencia Nacional de Puertos y Navegables) con una real restructuración hacia un puerto sustentable y económico, que la concreción de las Hidrobias del Rio Paraná conlleve un avance para el país y no sea una inversión de transito desigual aquí ponemos en evidencia que el privado debe cambiar las decisiones buscando la eficiencia de las economías regionales, no solo para las exportaciones sino utilizando el canal como un corredor logístico económico para llegar a la gran metrópolis que es Buenos Aires con mejores precios y compitiendo en un sano mercado.